Fundación busca frenar abusos y daños a pacientes dentales

Los casos de daños en las atenciones dentales en los pacientes aumentan día a día, tanto en el sector público como el privado. Las situaciones dejan al descubierto a un usuario indefenso, que evita hacer las denuncias y puede llegar a cuadros de depresión y estrés postraumático, explica una psicóloga de Fundación Praxis Dental.

Un caso emblemático que demuestra que la justicia en Chile castiga las malas prácticas dentales el del dentista Carlos Jorge Songer Jerez, formalizado y condenado por negligencia médica en la parte penal. Además, en la arista civil, fue sentenciado a pagar la suma de $82 millones por el daño irreparable provocado a la paciente Teresa Leal.

“Se trata de un caso histórico, que no tiene precedentes en materia dental y el mensaje para los afectados por situaciones de esta naturaleza es que existen los mecanismos para resolver estas situaciones”, señala el abogado Cristián Ramírez Tagle, defensor de la paciente.

Teresa en el 2009 se atendió con Carlos Songer y sufrió la perforación del nervio trigémino, en un procedimiento negligente de extracción de dos piezas dentales e instalación de implantes, que la dejó con dolor permanente y de por vida, según acreditó el 2º Juzgado Civil de Santiago. “El proceso ha establecido que Songer no cumplió ningún protocolo del punto de vista dental, además que no tiene la especialidad de implantólogo y no hizo ninguno de los exámenes requeridos antes de intervenirla”, acusa el jurista.

“Hasta el 2009, Teresa era una persona absolutamente normal, pero el procedimiento tuvo consecuencias nefastas para su diario vivir”, señala el abogado. Teresa Leal deberá medicarse por el resto de sus días porque quedó con un dolor permanente. También tendrá que seguir en tratamiento psiquiátrico debido al agudo cuadro que la afecta.

APOYO PSICOLÓGICO Y LEGAL

Para ayudar a pacientes como Teresa nació Fundación Praxis. Johanna Narr, psicóloga asociada de la entidad es enfática en señalar que las víctimas de negligencias dentales necesitan acompañamiento psicológico y en eso el trabajo que puede desarrollar la Fundación es fundamental. “Ellos requieren contención emocional para trabajar los aspectos depresivos, tener más motivación, y así empoderarlos y luchar por alguna solución”, comenta.

Pero los pacientes no sólo requieren apoyo sicológico. La abogada Vanesa Di Cataldo, asesora de Praxis dental, ha desarrollado una carrera en Argentina defendiendo a víctimas de mala práctica médica, sicológica y odontológica. A diferencia de Chile, en el vecino país, las personas no tienen problemas en efectuar sus reclamos. “Allá la gente nació empoderada. Pero lo que ocurre en Chile es que el paciente no sabe muy bien cómo es el reclamo ni cómo llevarlo a cabo y a través de la Fundación tienen el canal perfecto para hacerlo”, asegura.

Praxis Dental es la primera entidad, sin fines de lucro, que trabaja en Chile para la consolidación de un entorno de atención seguro para los pacientes, generando cultura en la materia, gestión de incidentes y eventos adversos; con estrategias, herramientas y tecnología con el fin de garantizar la seguridad del paciente y a la vez resguarda sus derechos, mejorando su calidad de vida con un modelo biopsicosocial.

La entidad desarrollará en agosto un evento masivo para reunir a pacientes afectados por malas prácticas dentales. Para inscripciones en la actividad y apoyo a pacientes afectados, contactarse con fundacion@praxisdental.cl, www.praxisdental.cl, fono (2)32452781.

RECLAMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

En Reclamos.cl se pueden encontrar cientos de denuncias que evidencian la vulnerabilidad del paciente ante estos casos de malas atenciones dentales. Las quejas apuntan a clínicas como Megasalud (hoy Red Salud) San Bernardo por “dentistas anti higiénicos”, en Megasalud Maipú por una “negligente extracción de muela del juicio”, y contra entidades como Integramedica La Reina, Plaza Vespucio y Concepción; Clínica Dental Cumbre y el Centro Odontológico Maipú, entre otros.

En el ámbito público también ocurren este tipo de situaciones y quedan en la completa indefensión. En 2017, la dentista Vivianne Echagüe encendió las alarmas con una seria denuncia de malas prácticas en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Gabriela Mistral de San Ramón, que se viralizó rápidamente en redes sociales. Entre otras irregularidades, acusó negligencia en la esterilización, al punto de usar implementos con sangre, de un paciente a otro; malos tratos a los pacientes, incluso niños y a las asistentas dentales; y faltas a la ética.

“La gente va por ayuda, hace fila desde temprano en la mañana para conseguir hora, pero los atienden sin ninguna sutileza, y con cero empatía con el paciente”, sostiene. Otra falta recurrente grave era la realización de tratamientos como endodoncia, implantología y ortodoncia por profesionales sin la especialización y en recintos sin las mínimas condiciones. “El dentista debe tener el criterio de no experimentar en algo en lo que no tiene preparación ni experiencia”, dice.

Lo sucedido en este Cesfam es la punta del iceberg de la dramática situación de la salud dental pública en el país. Según el Colegio de Dentistas, el Estado tiene contratado apenas a 1 dentista cada 4.800 beneficiarios. Así, más del 70 por ciento de los chilenos no tiene acceso a salud bucal.

TESTIMONIOS: PACIENTES AFECTADOS

Respecto a lo que sucede en el ámbito privado, el Colegio de Cirujanos Dentistas denunció en noviembre 2017, ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que los megaprestadores en el área de la salud odontológica están cometiendo “una serie de abusos en desmedro de sus pacientes”.

Uno de estos casos es Sergio Rodríguez Martínez, quien acudió el 4 de julio de 2017 a la atención de urgencias dentales de Megasalud Ñuñoa con un fuerte dolor de muelas y la cara inflamada. Fue atendido por el Dr. Joaquín González Srur, presentando una patología incluida en las Garantías Explicitas de Salud, Plan AUGE. Sin embargo, en el recinto clínico ni siquiera le recetaron medicamentos, se limitaron a cobrar la atención de urgencia y decir que tenía que volver en los próximos días, cuenta su madre Carolina Martínez.

Como el dolor iba in crescendo, recurrieron a la Clínica Dávila, donde debió someterse a un procedimiento ambulatorio con extracción de 3 molares. “Tuvo que pasar varios días con la molestia, siendo que se trataba de un procedimiento que podía haber sido resuelto a la primera. Se supone que las instituciones de salud son para quitar el dolor, no para aumentarlo”, se queja Carolina Martínez. En Clínica Dávila tuvieron que pagar un millón 800 mil pesos por el procedimiento. Si bien informaron la irregularidad a la Superintendencia no obtuvieron respuesta, pese a que la normativa indica que esta entidad debe fiscalizar y sancionar a los prestadores en lo que dice relación a los aspectos relativos al cumplimiento de las garantías explicitas de salud.

Otro caso de vulnerabilidad del paciente es el relatado por Karina Ortega. Su madre Ana María se atendió con Pedro Gómez Figueroa, “rehabilitador oral” (según consta en LinkedIn) en la Central Odontológica del Ejército en 2015. Tras varias sesiones y repetición del tratamiento, terminó perdiendo su muela. La paciente estuvo casi dos años sin esa pieza que era visible al momento de reírse. Cayó en depresión y le costó mucho retomar el tratamiento con otro especialista porque no confiaba en los profesionales, recuerda su hija. “No denunciamos nada en su momento. Mi mamá se negaba a creer que lo que le había pasado. No quiso denunciar, pensaba en el profesional, en no dañarle su imagen, y decía ‘cómo lo voy a dejar sin trabajo’”, cuenta.

A Susana Valenzuela Contreras le pasó algo similar. Aprovechando una promoción Fonasa de “evaluación gratis”, llevó a sus hijos a Megasalud Ñuñoa. A su hijo Agustín lo atendió la profesional Dominique Tijoux Oliveros, “pero el examen lo hizo a la rápida, en su clínica porque dijo que tenía cosas que hacer y estaba de salida”, les comentó. Luego en el pasillo le dio el diagnóstico a la madre, señalándole que debía hacerle extracción de los dos caninos definitivos porque “no estaban en buena posición”. Además, la dentista pidió a otra colega, Catherine Conte, ver a su otra hija, Emilia. “Y ella le diagnosticó caries en dos dientes de la primera dentadura, pero dijo que no era necesario tratarlas”, recuerda.

Insatisfecha con las respuestas, Susana decidió ir a otro centro dental, donde los especialistas le entregaron un diagnóstico diametralmente opuesto al de sus colegas de Megasalud Ñuñoa. “A Agustín lo vieron un especialista y un odontólogo general. Se sorprendieron con el diagnóstico inicial y dijeron que en la Edad Media se sacaban los caninos. Y respecto a mi hija, aseguraron que a pesar de que sea primera dentición, igual hay que atender esas caries, y que con la calidad de radiografías que le tomaron era imposible lograr un diagnóstico”, comenta.

Susana recurrió a la Superintendencia de Salud para ingresar un reclamo. Sin embargo, la entidad desestimó un incumplimiento a la Ley N° 20.584, de derechos y deberes de las personas en atención de salud y la instó a solicitar una Mediación, para alcanzar un acuerdo reparatorio y extrajudicial. No obstante, para llegar a ese procedimiento debe cancelar de su bolsillo los honorarios de un mediador, porque estos son “con cargo de las partes”.

La madre quedo decepcionada con la respuesta, aunque según un estudio de la Superintendencia, divulgado en marzo, apenas un 14% de los usuarios de la salud se sienten desprotegidos o muy desprotegidos por el sistema. Pero lo cierto es que, en los casos de negligencias dentales, la tónica es que los pacientes afectados por estas situaciones se ven indefensos, quedan dañados psicológicamente y evitan canalizar las denuncias. Esto se explica porque “las personas tienen una sensación de desesperanza aprendida, prefieren bloquear antes de luchar, consideran que no hay organismos gubernamentales que los apoyen. Dicen para qué gastar plata o tiempo, si en el fondo nada va a solucionar eso. Se sienten como David contra Goliat”, explica la psicóloga Johanna Narr, de la Fundación Praxis Dental.

Además, entre los pacientes queda la sensación de que las grandes instituciones siempre ganan. En mayo de 2017, funcionarios del Subdepartamento de Profesiones Médicas de la Secretaria Regional Ministerial de Salud inspeccionaron Megasalud Ñuñoa y decretaron prohibición de funcionamiento más una multa de 70 UTM. Detectaron que 16 salas de procedimiento odontológico y 2 salas de procedimientos de rayos X dental funcionaban sin autorización sanitaria. “Las deficiencias constatadas afectaban el óptimo funcionamiento del establecimiento”, señalaba la resolución de la seremi. Pero la prohibición de funcionamiento duró apenas unas horas.

DENTISTAS AFECTADOS

En este escenario, no sólo los pacientes sino también los profesionales han sido víctimas de abusos. "Los megaprestadores perjudican con sus condiciones a los dentistas”, ha sostenido en varias oportunidades el doctor Jaime Acuña, presidente del Colegio de Dentistas de Chile.

La doctora Luz Álvarez es una de ellas. La cirujano dentista trabajó en Megasalud (Red Salud) Ñuñoa entre 2011 y 2017, donde denunció irregularidades como ausencia de normas de seguridad y salud en el trabajo, y acusó malos procedimientos de algunos profesionales del centro. “Pese a todos los esfuerzos, los cuales constan en las diferentes solicitudes, no logré que se produjeran los cambios fundamentales que se requerían para lograr atenciones focalizadas en el paciente. En el momento en que hice evidente las irregularidades, con los directivos de la entidad, el director odontológico Arnaldo Olinto Burdiles Pinto, realizó una serie de represalias para lograr mi renuncia.

“Así empezó una dinámica de sobrecarga laboral y agresiones verbales que me llevaron al convencimiento que no existían las condiciones para seguir desempeñando mi labor en forma responsable, además del alto impacto en mi salud por la impotencia de ver tantos pacientes afectados. Ya había ocurrido una situación similar con una colega que denunció irregularidades en la sede de Puente Alto y en vez de cautelar los intereses de los pacientes, fue despedida”, recuerda.

En medio del proceso, a la profesional se le diagnosticó una fibromialgia, una enfermedad asociada a traumas físicos e incluso emocionales que le produjeron una disminución en su capacidad laboral con un grado de invalidez. También sufrió una patología ocular por problemas con un equipo, por lo que la Inspección del Trabajo Santiago oriente cursó diversas multas a Megasalud Ñuñoa al comprobar las irregularidades.